El streaming millonario que sacude a Kicillof: denuncian gasto para atacar a Milei

El streaming millonario que sacude a Kicillof: denuncian gasto para atacar a Milei

Un nuevo capítulo de tensión política estalló en la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof, gobernador bonaerense, quedó en el centro de una polémica luego de que se conociera una licitación por un monto millonario para la producción y distribución de contenidos audiovisuales. El detalle que encendió la controversia: la acusación de que el dinero habría sido destinado a financiar transmisiones con fines políticos, supuestamente para criticar al presidente Javier Milei.

La licitación bajo la lupa

El escándalo comenzó cuando salió a la luz un expediente licitatorio denominado “Servicio Integral de Producción y Distribución Satelital de Contenidos Audiovisuales”. Según los documentos difundidos, se trataba de un contrato millonario que incluía la transmisión en streaming y la generación de material audiovisual desde la provincia de Buenos Aires.

Si bien en el papel la licitación estaba orientada a la comunicación institucional, opositores denunciaron que buena parte del contenido producido y distribuido en el marco de ese contrato fue utilizado para campañas de desprestigio contra Milei y su gestión nacional.

El contenido cuestionado

En las transmisiones señaladas, emitidas en plataformas digitales y redes sociales, se habrían difundido mensajes críticos hacia el Gobierno nacional, cuestionando sus políticas económicas y sociales. Los informes que impulsaron la denuncia sostienen que el tono y la frecuencia de las emisiones mostraban una intencionalidad política clara, muy alejada de lo que se esperaría de un servicio de comunicación pública neutral.

“Esto no es información institucional, es propaganda con fondos públicos”, declararon legisladores opositores, quienes solicitaron explicaciones formales al Ejecutivo bonaerense.

Una cifra que impresiona

El monto involucrado, según las filtraciones, ascendería a varios millones de pesos, con pagos que equivalen a cientos de miles de dólares al cambio oficial. La magnitud de la inversión despertó preguntas sobre la prioridad de este gasto en un contexto de crisis económica, con hospitales reclamando insumos y escuelas con infraestructura deficitaria.

Para los denunciantes, el gasto en un streaming con orientación política no solo es injustificable, sino que podría configurar un uso indebido de fondos públicos.

La defensa oficial

Desde el gobierno bonaerense, voceros de Kicillof defendieron la licitación argumentando que “el servicio contratado es esencial para garantizar el derecho a la comunicación y la difusión de las políticas provinciales”. Según esta postura, las acusaciones de uso político responden a una “operación mediática” destinada a golpear la imagen del gobernador.

“Se está intentando instalar que comunicar gestión es atacar a Milei. Es falso. Informar sobre lo que hacemos es una obligación institucional”, afirmó un funcionario cercano al mandatario.

El factor Milei

El escándalo no puede separarse del clima político actual. La relación entre Kicillof y Milei se ha vuelto cada vez más tensa desde que el presidente asumió. Las diferencias ideológicas son profundas: mientras el gobernador defiende un modelo de intervención estatal y protección social, Milei impulsa un programa de ajuste fiscal severo y desregulación.

Este enfrentamiento se ha trasladado al terreno discursivo, donde ambos líderes no escatiman críticas cruzadas. Para los aliados de Milei, la revelación de esta licitación es la prueba de que Kicillof estaría usando recursos provinciales para financiar una guerra mediática contra el Ejecutivo nacional.

El rol del streaming en la política

La política argentina ha descubierto en las plataformas de streaming un nuevo campo de batalla. Estos espacios permiten llegar a un público joven y segmentado, con mensajes que pueden viralizarse rápidamente. La inversión en producción audiovisual ha crecido en los últimos años, y con ella, las sospechas de que su uso no siempre es estrictamente institucional.

En este caso, el hecho de que el contrato incluya “distribución satelital” y producción profesional de contenidos ha alimentado la idea de que se trató de un proyecto diseñado para maximizar la influencia en la opinión pública.

Reacciones en la Legislatura

El tema ya llegó al recinto bonaerense, donde diputados opositores presentaron pedidos de informes y advirtieron que podrían impulsar una comisión investigadora. Desde el bloque oficialista, se acusó a la oposición de “judicializar la política” y de buscar escándalos para distraer la atención de la gestión nacional.

“Es curioso que quienes hablan de libertad de expresión quieran censurar contenidos solo porque no les gustan”, ironizó un legislador del Frente de Todos.

¿Gasto estratégico o derroche?

El debate de fondo gira en torno a si este tipo de inversiones son una herramienta legítima de comunicación gubernamental o un derroche injustificado. Para los defensores de la medida, la presencia digital es clave para acercar información a la ciudadanía. Para los críticos, el gasto es desproporcionado y evidencia una manipulación política de los recursos.

Lo que viene

Mientras se espera que el gobierno bonaerense responda a los pedidos de informes, el tema promete seguir en agenda. Es probable que el escándalo se convierta en material de campaña para las elecciones legislativas, en un contexto donde la imagen de Kicillof se encuentra bajo el escrutinio permanente de opositores y medios.

Más allá de las interpretaciones políticas, el caso refleja cómo la comunicación gubernamental en la era digital se mueve en una línea difusa entre información pública y propaganda partidaria. Una línea que, cuando se cruza, puede detonar crisis políticas como la que hoy enfrenta el gobernador de la provincia de Buenos Aires.